Hasta la fecha, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) ha realizado una serie de estudios para determinar la extensión y distribución geográfica de los manglares en el territorio de la República Mexicana. Los resultados han sido publicados recientemente (véase por ejemplo CONABIO 2008; CONABIO 2009). El análisis se centró en el inventario de la cobertura actual de manglares en las zonas costeras de México, principalmente en base de metodologías y técnicas de percepción remota. Los resultados de estos estudios indican que los manglares juegan un papel importante para la conservación de la biodiversidad y la protección costera, y para mitigar los impactos de huracanes y otros fenómenos climáticos. Al mismo tiempo, suministran numerosos servicios ambientales, como por ejemplo la filtración de agua y la cría natural de ciertas especies de peces de relevancia comercial; aparte de su relevancia como destinos ecoturísticos. Sin embargo, varias actividades humanas constituyen amenazas considerables y han contribuido a la disminución y deterioro significativo de los manglares. Cabe mencionar en este contexto la urbanización costera (turística, residencial e industrial), la construcción de infraestructura portuaria y vial, así como la expansión de la acuicultura, ganadería y la industria petrolera, entre otras cosas. Todos estos factores han sido identificados y caracterizados mediante diversos estudios realizados recientemente por la CONABIO y otras instituciones. Vale la pena destacar que, en algunos casos, una serie de actividades relacionadas con la ejecución de políticas públicas -llevadas a cabo por numerosas instituciones a los tres órdenes de gobierno- pueden tener consecuencias considerables para la conservación de los manglares (CONABIO 2008). Por un lado, pueden causar impactos directos; por ejemplo mediante la construcción de obras públicas de grandes dimensiones como instalaciones portuarias o infraestructura vial. Por otra parte, pueden inducir cambios de uso de suelo y/o de los recursos naturales. En ocasiones, el fomento a actividades económicas como el turismo, la explotación petrolera, la ganadería, la pesca o la acuicultura tienden a afectar a las zonas de manglares, aunque no siempre intencionalmente. Al mismo tiempo, las políticas públicas también han contribuido a la conservación ambiental, a través de diversas actividades de conservación y/o restauración de manglares. Aunque no haya duda que las políticas públicas operativas tienen consecuencias para la extensión, estructura y distribución espacial de los manglares, existe relativamente poca información en cuanto a su tipo, magnitud e interrelación. En este contexto, la propuesta presente tiene como objetivo principal proporcionar, por un lado, una metodología viable para identificar, clasificar y evaluar empíricamente las diversas consecuencias de diferentes políticas públicas en cuatro zonas de manglares en México, a saber: la laguna La Palma (identificador CONABIO: GM 43) junto con la laguna Mecoacán/Julivá/Santa Anita (GM 46) en el estado de Tabasco, La Encrucijada (PS 24) en Chiapas, Puerto Morelos/Punta Maroma (PY 69) y Chacamuchuc (PY 78) en Quintana Roo, así como el sistema lagunar Estuarino Agua Dulce-El Ermitaño (PC 10). Con base en este procedimiento metodológico, sería factible recopilar y analizar sistemáticamente tres fuentes de información: a) estudios de casos existentes; b) resultados de entrevistas cualitativas semi-estructurados en cuatro zonas de manglares mencionadas y c) resultados de una encuesta estructurada entre expertos previamente identificados. El estudio será realizado con la participación de un profesor-investigador titular de la Universidad Autónoma Metropolitana/Unidad Iztapalapa/Departamento de Sociología, un profesor-investigador asociado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente/Guadalajara, así como tres estudiantes de la carrera de la licenciatura en Geografía Humana de la Universidad Autónoma Metropolitana/Unidad Iztapalapa.