En 1997 la entonces SEMARNAP estableció el Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (SUMA) en el marco del Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural 1997-2000. Este sistema se formó integrando los sitios que utilizaban especies de vida silvestre en alguna forma, como los criaderos (extensivos e intensivos), zoológicos, viveros y jardines botánicos, entre otros. Las UMA siguen operando hoy en día y buscan crear oportunidades para el aprovechamiento de la vida silvestre de forma legal y viable, a la vez que promueven esquemas alternativos de producción compatibles con el cuidado del ambiente, a través del uso racional, ordenado y planificado de los recursos naturales renovables que contienen, frenando o revirtiendo así los procesos de deterioro ambiental. Durante las dos últimas décadas del siglo pasado, las instituciones gubernamentales y sociales de México impulsaron decididamente políticas públicas y medidas de protección y gestión de los recursos naturales, y lograron el establecimiento de espacios de participación de los distintos sectores de la sociedad. Sin embargo, la conservación y el manejo de la biodiversidad aún experimentan grandes rezagos; las políticas públicas en la materia necesitan mejorar los mecanismos que aseguren su eficacia y eficiencia, las herramientas de gestión de recursos naturales deben equilibrar los beneficios sociales, económicos y ambientales, y el conocimiento e información sobre la biodiversidad precisan de mayor accesibilidad y articulación. Dentro de estas estrategias de conservación, la conservación in situ es la mejor forma para preservar la biodiversidad debido a que implica la conservación de las especies en los hábitats que estas requieren para mantener sus poblaciones saludables que, a su vez, garanticen su permanencia a largo plazo. Las áreas protegidas (AP), las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre (UMA) y el programa de pago por servicios ambientales (PSA) son instrumentos promovidos por la federación y los estados para contribuir a la conservación in situ de la biodiversidad, los ecosistemas y sus servicios ambientales (Ávila et al. 2009). Debido a que la evaluación del impacto de las diferentes estrategias de conservación in situ es compleja, la CONABIO y el PNUB realizaron esfuerzos para revisar muchos de los indicadores disponibles para llevar a cabo esta tarea, derivadas de las propuestas y sugerencias de los talleres que se realizaron para este fin, sugirió un conjunto de criterios e indicadores. Estos indicadores incluyen referencias al capital natural, al capital social y al capital patrimonial. Los resultados se resumieron en matrices que presentan un total de 46 indicadores que se agrupan en criterios de planeación, cumplimiento de sus objetivos y su eficiente implementación, prácticas de manejo que contribuyen a la conservación de la vegetación natural y de la biodiversidad, y generan efectos positivos en la organización social del beneficiario, además de contar con la capacidad de propiciar cohesión social, mayor cultura ambiental y generación de conciencia ambiental, mayores y más equitativos beneficios económicos, inserción en los mercados y cadenas productivas. A la fecha se conoce poco acerca del desempeño de las UMA como instrumento de conservación, ya que se carece de evaluaciones y de información sistematizada acerca del efecto del aprovechamiento sobre las poblaciones de vida silvestre bajo manejo, así como del efecto de este manejo sobre la conservación del hábitat y la biodiversidad en general, debido a la naturaleza innovadora de este instrumento de conservación, y su rápida adopción en todo el País y una carencia preocupante de coherencia en la intención y descuido del programa, ecologistas de México y otros países reunieron esfuerzos para examinar la tendencia actual en la implementación de las UMA, para discutir sus efectos iniciales y que es necesario hacer para aumentar la probabilidad de que esta política logre sus objetivos de conservación (Sisk et al., 2007). El noreste mexicano es una de las regiones ecológicas más importantes del país, debido a su gran biodiversidad, la cual ha favorecido que se desarrolle el aprovechamiento cinegético de diversas especies silvestres, de las cuales el venado cola blanca texano (Odocoileus virginianus texanus) es la de mayor demanda cinegética (Cienfuegos 2009), sin embargo además del aprovechamiento del venado cola blanca, existen UMA que están manejando especies exóticas como wapities (Cervus canadensis (Erxleben, 1777) y ciervos rojos europeos (C. elaphus Linnaeus, 1758) para promover su cría intensiva con el objeto de aprovechar su carne (Gallina y Escobedo-Morales 2009). El 17 de noviembre del 2004 se firma el Convenio de Descentralización de Funciones de Vida Silvestre "Coahuila-Nuevo León-Tamaulipas", con lo que la responsabilidad de gestionar las políticas de vida silvestre de la región noreste de México. En la actualidad los tres estados que conforman la región noreste y el estado de Sonora que pertenece a la región Noroeste y Centro-Norte, son los únicos estados en la república mexicana que han concluido el proceso de descentralización de la federación en materia de vida silvestre. Las UMA con manejo intensivo promueven la reproducción de ejemplares de especies nativas o exóticas, mediante manipulación directa y manejo zootécnico, bajo condiciones de estricto confinamiento. Entre sus objetivos están la investigación, conservación, exhibición y comercialización, por lo que incluye a los aviarios, herpetarios, zoológicos, criaderos de mamíferos, bioterios y viveros, entre otros. Mientras que las UMA sujetas al manejo extensivo operan mediante técnicas de conservación y manejo de especies que se desarrollen en condiciones naturales; considerando los aspectos biológicos, sociales y culturales vinculados a los ecosistemas y a sus componentes. En el noreste de México que comprende los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se concentra más del 40% del total de las UMA registradas en el país, existiendo un total de 3,788 UMA cubriendo una superficie de 7,588,016 ha. Por otro lado, la efectividad de la aplicación de este instrumento legal ha sido puesta en duda en numerosos estudios científicos que han demostrado que hacen falta esfuerzos para alcanzar las metas para lo cual fueron hechos y que requieren de una evaluación nacional y regional (García-Marmolejo, et. al. 2009). Por lo anterior esta propuesta propone realizar una evaluación de la región Noreste de México de acuerdo a los objetivos y bases de la convocatoria de CONABIO 2009, y para lograrlo se cuenta con la infraestructura necesaria así como un grupo de expertos entre los que se encuentran el Dr. Fabián Lozano García y el Dr. Mario G. Manzano, del ITESM y el Ing. Jorge G. Villarreal González, Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León, A. C.